Justicia, no más impunidad

Dr. Darsi Ferret


La Habana, Cuba. 24 de enero de 2012.


Wilman Vidal ha sido asesinado. No puede calificarse de otro modo el acto de encerrar en una fría y mugrienta celda de castigo, sin agua ni asistencia médica, a un hombre desnudo y debilitado por la hambruna. El deterioro irreversible de su salud durante los 50 días que pasó en huelga de hambre, contó con el apoyo del desamparo, las más que probables palizas y la indiferencia de quienes lo custodiaban y se esforzaron en quebrar su posición ética de rechazo a la injusticia cometida contra su persona.

Era un joven lleno de vida, que con su muerte prevenible dejó abandonadas a su esposa y dos pequeñas niñas de 5 y 7 años. Su delito fue reclamar respeto a los Derechos Humanos y libertades ciudadanas. Razón suficiente para ser merecedor del odio, el desprecio y castigo de la junta militar que mantiene secuestrado el poder en Cuba e implementa una política de terrorismo de Estado para sojuzgar al pueblo.

Más no constituye un hecho aislado, sino que resulta apenas otra víctima de un Plan de eliminación física de opositores que, en años recientes, incluye la muerte de Orlando Zapata Tamayo, Wilfredo Soto y Laura Pollán. Además, está fresco el recuerdo de los crímenes perpetrados con el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo en las afueras de la Bahía de La Habana, el derribo en aguas internacionales de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate por aviones militares, la muerte en total abandono de decenas de enfermos mentales en el Hospital Psiquiátrico de la Habana, y el arbitrario y expedito fusilamiento de tres jóvenes negros que secuestraron una lancha en el intento de escapar de la isla.

Ante esta cadena de asesinatos la comunidad internacional ha reaccionado con pasividad, y hasta complacencia. En los últimos tiempos, solo en las prisiones cubanas se reportan muertes de reclusos en huelga de hambre. En ninguna otra nación del continente ocurren situaciones tan deplorables, ni siquiera en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo. La dictadura militar argentina jamás ordenó golpear a las Madres de Plaza de Mayo, mientras las Damas de Blanco sufren todo tipo de agresiones por parte de la policía política. Cualquier intento de ejercer derechos elementales de reunión, asociación o manifestación es reprimido con brutalidad policial, arrestos arbitrarios y las golpizas protagonizadas por turbas progubernamentales que obran con total impunidad. Más de cien mil cubanos languidecen en las prisiones bajo régimen de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin el amparo de las normas de reclusión establecidas por la ONU.

El régimen de La Habana ha perdido toda legitimidad. Sus abusos y acciones represivas contra la población lo hacen similar a las repudiadas dictaduras del Medio Oriente. Tanto el gobernante sirio Bashar Al Assad como Raúl Castro en Cuba desconocen la voluntad popular, desprecian a sus pueblos y están dispuestos a aplastar mediante la fuerza cualquier reclamo que les cuestione su presencia vitalicia al frente del poder.

La aceptación de la junta militar de La Habana en foros internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mancha la credibilidad de esas instituciones. Los gobiernos latinoamericanos y caribeños, que en su momento repudiaron las dictaduras militares establecidas en Chile y Argentina, deberían ser consecuentes y rechazar al régimen dictatorial de la isla. La OEA terminó desechando la suspensión de Cuba promovida por el gobierno de los EEUU. Sin embargo, no condena con firmeza los crecientes desmanes de la dictadura antillana. El dinero depositado por La Habana en la Banca internacional se utiliza en gran medida para satisfacer los lujos y vida aburguesada de la élite gobernante, además de financiar el tenebroso aparato represivo y de sojuzgamiento del pueblo, que cada día es obligado a soportar el incremento de la pobreza y de sus necesidades más elementales.

Resulta intolerable que en pleno Siglo XXI Cuba sea la única nación privada de democracia en todo el hemisferio occidental. En el actual clima de terror e impunes injusticias, la Oposición pacífica seguirá su sacrificada labor por la libertad del pueblo y la instauración en el país del Estado de Derecho. Los gobiernos e instituciones del mundo libre están llamados a superar las protestas morales y contemplaciones, y adoptar enérgicas condenas políticas y sanciones económicas contra el oprobioso régimen de los Castro. Al menos, hasta que cese la represión, legalicen el multipartidismo y se convoquen elecciones libres. No más sangre de inocentes, no más indolencia ni desesperanza. ¡Libertad!