Por Yusnaimy Jorge Soca, activista de derechos humanos.
La Habana, 18 de octubre de 2008.
Un grupo de siete opositores pacíficos de San Antonio de los Baños, en La Habana, fue sometido a interrogatorio en la estación policial del municipio, por el mayor de la seguridad del estado Orlando Seguí Díaz, quien los amenazó con aplicarles la Ley 88 y condenarlos a más de 20 años de prisión, los pasados días 10 y 11 de octubre de 2008.
El oficial de la policía política se acompañó durante los interrogatorios individuales por el 1er teniente Rojas y por el jefe de la prisión de mayor severidad de “Quivicán”. El militar le aseguró a cada uno de los activistas de derechos humanos que de seguir en sus actividades terminarán condenados bajo la custodia del jefe de la prisión, además de advertirles que no volverían a hablar con ellos, que la próxima vez será para encarcelarlos.
Como en ocasiones anteriores el procedimiento fue violatorio de las normas jurídicas establecidas, pues las citaciones oficiales no tenían cuño, fueron entregadas a los implicados con menos de 72 horas de antelación y sin que se aclarara el motivo de las mismas.
Según el testimonio de los opositores, son interés de la policía política por el “delito” de trabajar por lograr que en el país se respeten los derechos y las libertades de los cubanos.
De modo general, la represión policial se ha ido incrementando como vía de contener las protestas y el descontento del pueblo, en la medida que se deterioran las precarias condiciones de sobrevivencia por factores políticos, económicos, sociales y hasta naturales, como es el caso del paso de los devastadores huracanes que golpearon al territorio nacional. Los opositores amenazados son Juan Gilberto Hernández Molina, Magalis Travieso Ortega, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Jorge Omar Lorenzo Pimienta, Ricardo Armas Valiente, Sergio Rubio Negrín y Omar Addiel Contreras Castro.
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