CON NOTARIO O SIN NOTARIO

Por Leonardo Calvo Cárdenas
La Habana, 21 de febrero de 2009.

En su artículo publicado en la edición de encuentro en la red del día 17 de febrero, el compatriota y amigo Miguel Fernández descalifica y desestima por comparación la iniciativa impulsada por un grupo de ciudadanos cubanos que promueven la modificación del artículo 21 de la constitución vigente; ese que regula, o más bien desregula, el ejercicio del derecho de propiedad en Cuba.
El amigo Fernández pronostica el fracaso irremisible de la campaña que se empeña en lograr la adhesión de varias decenas de miles de ciudadanos para legitimar el cambio de letra y espíritu del texto constitucional referido a tan importante tema. El analista, desde su distanciada subjetividad, califica de antemano la iniciativa como “salto de tigre al vacío” puesto que, según sus palabras, “sigue la tradición del Proyecto Varela y la campaña “Con la misma moneda” que han demostrado lo inútil que resulta acudir al tan poco ortodoxo parlamento cubano con iniciativas ciudadanas o independientes.

En su crítica, Fernández declara inviable la iniciativa a partir de la supuesta necesidad de autentificación notarial de cada firma que avale una propuesta determinada, que las autoridades se sacaron de la manga para desacomodar jurídicamente al proyecto Varela, lo cual considera un obstáculo irremisible para el avance de cualquier diseño que intente utilizar los canales legales vigentes.
En su análisis pierde de vista que esta iniciativa se diferencia sustancial y esencialmente del proyecto Varela que proponía borrar de un plumazo, en una tarde de votación, toda una estructura de poder con pretensión de eternidad, y también de la iniciativa promovida por la sección cubana de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) destinada a rectificar la atrofia económico-estructural que significa la existencia de una doble moneda en Cuba, dualidad que no está ni siquiera avalada por algún presupuesto constitucional o legal.
La filosofía que anima la iniciativa sobre la propiedad parte de la necesidad de devolver al ciudadano su papel y lugar como sujeto y protagonista legitimo de su destino social e institucional, y se funda en la convicción de que llegados al punto límite de atrofia estructural y referencial que padecemos, si no somos capaces de utilizar los derechos y mecanismos que tenemos nunca estaremos preparados para luchar por los que no tenemos. Somos conscientes de la falta de sensibilidad, voluntad positiva y responsabilidad de las autoridades, pero igualmente estamos convencidos de que no es con castigos simbólicos, diseños confrontacionales o arranques de extremismo retórico como se restauran las correlaciones políticas por tanto tiempo interrumpidas sino demostrando que el cubano es capaz de demandar y exigir en el plano cívico y de manera transparente sus derechos y potestades conculcados
Pero después del Proyecto Varela ocurrió algo interesante. La legitimación ciudadana de la irrevocabilidad del sistema, empujada por el gobierno en el 2002, pasó por alto la autentificación notarial que la misma normativa jurídica de la Asamblea Nacional establece. Lo que podría significar que, en una interpretación flexible de la ley y de acuerdo a la práctica jurídica del precedente, sea completamente genuina y suficiente la simple adhesión ciudadana a la iniciativa para nuestra propuesta, que solo pretende modificar un artículo de la constitución. La exigencia notarial puede ser considerada desde entonces, atendiendo a esa práctica, como un simple refuerzo jurídico y no como una autentificación legitimadora del derecho.
Sin embargo, al presuponer los pasos finales de la iniciativa, nuestro amigo Fernández hace una cómoda subestimación automática de las capacidades, voluntades, andamiajes y condiciones que los ciudadanos proponentes y las fuerzas cívicas que respaldan la iniciativa estamos poniendo en tensión, para que el ejercicio de manifestación de la potestad ciudadana logre el éxito, los alcances e impactos que puedan hacer una contribución capital al necesario redimensionamiento de las relaciones sociales en la Isla. ¿Duda acaso el escéptico compatriota que las voluntades reunidas serían capaces de solventar, si fuera el caso, la autentificación notarial de los ciudadanos requeridos para dar cuerpo y curso a la iniciativa?
Estamos convencidos que la demostración concreta de la enorme cantidad de ciudadanos que desean poder ser dueños verdaderos de lo que es legalmente suyo, o el descrédito público de un gobierno que exige a sus ciudadanos un trámite que en su momento e interés se sirvió de obviar, constituirían dos datos nada despreciables para la percepción objetiva de la realidad cubana y los esfuerzos que se hacen para cambiarla. Que lo primero se haga realidad depende de los miles de cubanos dispuestos a rescatar su voz y sus derechos pasando por sobre las enormes dificultades que enfrentamos, e incluso, del escepticismo de algún que otro compatriota. De parte de las autoridades quedaría entonces buscar, en el segundo caso, los argumentos necesarios para demostrar que los cubanos desean seguir siendo víctimas del despojo y la exclusión en nombre del poder que los silencia y desconoce.