(Respuesta a Miguel Fernández-Díaz, por su artículo de opinión “La misma piedra”, publicada en cubaencuentro el 16-2-09)
Por Armando Soler Hernández
La Habana, 19 de febrero de 2008.
Estimado articulista.
¿No le ha pasado por la cabeza que el motivo que guía a un grupo de ciudadanos a promover la recogida de firmas para un proyecto que establezca plenamente el uso, disfrute y disposición de la propiedad en Cuba no se sostiene en el irrisorio hecho de que la Asamblea Nacional reciba y analice esta propuesta ciudadana? Usted bien sabe que no se le puede pedir peras al olmo y convendrá en el poco caso que ha de esperarse de un Parlamento como el cubano.
Por su monótono ejercicio de decenas de años, la magna reunión es merecedora del Record Guinnes por "Aprobación Unánime".
Es bien sabido que cuánto impopular proyecto presente el gobierno a su "análisis", será prontamente aprobado, sin una sola abstención o voto en contra que macule su imagen de monolítica unidad. Con esos truenos, ¿va a esperarse que siquiera analice algún reclamo que proceda de los ciudadanos?
Eso es tomar el rábano por las hojas, amigo mío, tal como es seguir a pie de obra toda la enrevesada parafernalia del instrumental pseudo-jurídico que el régimen saca a relucir cuando se trata de anular de entrada cualquier propuesta netamente popular.
Creo que esta vez la cosa va por otros rumbos. La iniciativa ciudadana lo que realmente se propone es sacudir a ese cubano furtivo que trata de malvivir cada día y sacarlo de ser el súbdito pasivo al que ha sido condenado para transformarlo en un ciudadano que va a reclamar derechos cada vez con mayor insistencia. Y todos los que reclame y mientras más sean, mejor. ¡Qué lluevan sobre la Asamblea las propuestas civiles! ¡Que la sociedad muestre una sana intención de hacer cambiar lo que la perjudica! Y ningún tema o asunto es nimio o indigno si es apoyado masivamente con las firmas de los electores. Comer carne de res regularmente, comprarse una casa, abrir un negocio, viajar, vender, residir y volver a su país sin permisos o autorizaciones especiales, mejorar el alcantarillado, comer pescado, crear una asociación de jugadores de parchís, etc., los que se le ocurra a la ciudadanía cada vez que se sientan afectados por el mal gobierno.
Los adultos en Cuba no pueden limitar su acción civil a aguardar ser convocados cada veinte años, en el momento y lugar que las autoridades escojan, para decir lo que piensan y luego ver cómo sus propuestas y reclamos, sus necesidades más perentorias, sus proyectos de cómo creen que debe ser la sociedad donde viven, son archivados sin debate alguno, sin siquiera ser publicados y dados a conocer en los medios de prensa.
Es el pueblo el que obliga al gobierno ha llevar a efecto las medidas que satisfacen sus necesidades, no a la inversa. Hasta en las sociedades desarrolladas, donde las cosas funcionan mucho mejor que en el resto del mundo, la población no se limita para quejarse sobre cualquier asunto. Y lo hace pública y notoriamente, en todo momento, por los medios de difusión que siempre están a su alcance de una u otra manera. Y eso está muy bien, porque toda sociedad siempre es perfectible, pero no porque el rumbo de su perfección lo decida un grupo de "iluminados" que creen saber qué es lo que le hace falta al pueblo y lo obliguen a emprenderlo por medios velada o abiertamente coercitivos.
Gobernar no es decidir sin consultar, y consultar no es coaccionar a la población para que esté totalmente de acuerdo con lo que se propone, con cifras tan de aprobación unánime en todo que son irreales hasta en un matrimonio.
¿Conoce el señor Fernández-Díaz la noticia de alguna huelga, reclamación ciudadana o demanda judicial contra el Estado que haya ocurrido o prosperado en Cuba en los últimos cincuenta años? Sin embargo, eso es algo que no dejó de ocurrir ni siquiera bajo las recientes dictaduras militares de Argentina, Paraguay o Chile ¿Quizás se quiera empezar en casa?
Como sea, todo está por verse. Las personas en Cuba se sentirán inclinadas a apoyar una idea con la que se identifican, como es el disfrute irrestricto de la propiedad, cosa que no tienen, o se sentarán a esperar a que el Estado les mejore la vida a su buen entender. Lo que si no se podrá decir es que nadie hizo nada al respecto, pese a que haya personas, quizá con muy buena intención, que crean que todo está perdido y que no vale la pena.
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