Siguen las muertes de presos asegurados por el Ministerio del Interior

Por Dr. Darsi Ferrer, dir. Centro de salud y derechos Humanos ¨Juan Bruno Zayas¨.- corresponsal Médico de Nuevo Acción en Cuba.
(Una primicia para "Nuevo Acción)-

¨Lo sentimos pero lamentablemente el Sr. Betancourt acaba de morir de un infarto…¨, fue la noticia que le dio el instructor penal Evert a la consternada familia del detenido, el pasado 31 de julio.
Bajo sospecha de narcotráfico el Sr. Jorge Betancourt, de 52 años de edad, fue arrestado en su domicilio el día 20 del mes pasado y asegurado en el Centro Nacional del Departamento Técnico de Investigación (DTI), en 100 y Aldabó, Ciudad de la Habana, donde lo sometieron a reiterados interrogatorios.
A la semana tuvo visita familiar de 10 minutos y según cuenta su viuda, lo encontró demacrado, con notable pérdida de peso, muy nervioso y deprimido. Él les contó que no resistía las condiciones del encierro, que no comía por falta de apetito y que apenas podía dormir.
Alarmados por el evidente deterioro de su salud y los antecedentes de cardiopatía isquémica e hipertensión arterial, los familiares de Betancourt pidieron a los oficiales que consideraran la posibilidad de cambiar la medida por arresto domiciliario y, de ese modo, facilitarle una atención médica adecuada aunque siguiera bajo proceso de investigación.
La respuesta de los militares fue que tal solicitud no dependía de ellos, sino que esas decisiones solo competían a la fiscalía. También le aseguraron a la familia que no debían preocuparse, pues contaban con asistencia médica en el Centro.
Según la versión de los oficiales, tres días más tarde Jorge Betancourt (en la foto) presentó intenso dolor precordial acompañado de adormecimiento del brazo izquierdo. Lo sacaron de la celda y llevaron caminando para el hospital Nacional, a unas 15 cuadras de distancia. Refirieron, además, que durante el trayecto conversó normalmente y hasta se rió de algunas bromas. Luego, en la mencionada institución de salud se agravó su cuadro y finalmente los médicos certificaron su muerte.
Asumiendo por verdadera la historia contada por los oficiales respecto a las circunstancias en que murió el recluso, se plantean varias interrogantes: ¿por qué si tienen vehículos a su disposición en el D.T.I. sometieron al enfermo a una larga caminata hasta el hospital?, ¿no se comprende cómo una persona infartada se comporta normalmente e incluso se encuentra de buen ánimo para conversar y reírse de los chistes?, ¿cuál es la capacidad profesional de los médicos del Departamento que ante la sintomatología de la víctima ni siquiera sospecharon su condición de gravedad?
A pesar de la férrea censura de la información en Cuba, durante los últimos meses se ha conocido de otros reos muertos bajo custodia del Gobierno, entre ellos:
- El joven recluso Norbert Jorrín Ortega, de 20 años de edad, murió el 25 de abril de este año en el hospital ¨Miguel Enríquez¨, por falta de atención médica adecuada e irresponsabilidad de las autoridades de la prisión ¨Combinado del Este¨, en Ciudad de la Habana.
- Dos detenidos bajo investigación aparecieron ¨ahorcados¨ en los calabozos de la estación de policía de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Primero fue el opositor político Manuel Acosta Larena, de 47 años, el día 24 de junio. Un mes más tarde, el 22 de julio, ¨encontraron colgado¨ a Cecilio Echevarria Hernández, de 54 años. Posteriormente como castigo por esos incidentes el jefe de policía en la localidad, Miguel López Santana, fue ascendido a teniente coronel.
- En la prisión de máxima seguridad ¨Kilo 8¨ de Camagüey a finales de julio los carceleros asesinaron a golpes con barras metálicas y otros objetos a 3 reos, dos de ellos nombrados Amaury Medina Puig y Carlos Rodríguez Labrada, este último de 24 años, tras una reyerta entre los presos.
En todos los casos descritos los familiares llevan a cuesta el dolor por la pérdida de sus seres queridos y el sufrimiento de que las autoridades del Gobierno, hasta ahora, no les brindan el beneficio de la justicia, ya que los militares con responsabilidad por las muertes de los reclusos no son juzgados y todos gozan de impunidad.
Las evidencias expuestas indican que estamos en presencia de una política oficial establecida por las altas esferas del Régimen para conservar el poder a toda costa, sin escatimar en el empleo del terror. Situación contrapuesta a los reclamos de abrir una investigación acerca de las circunstancias en que murieron esos seres, sancionar con apego a las leyes a quienes sean hallados culpables y la adopción de medidas jurídicas y mecanismos para que en lo adelante no se repitan ese tipo de hechos criminales.